Luis
Hernández Navarro
Se llama
Miguel Hernández Alfonso. Es maestro. Labora en la región Valle de Santo
Domingo D1-082 en Chiapas. En la fotografía de la portada de La Jornada del
domingo 30 de junio, tiene las manos amarradas con su cinturón, la cabeza
abierta, el rostro lleno de sangre. Policías lo golpearon con la culata de sus
armas y lo patearon. Después lo treparon a una camioneta oficial junto a otros
cuatro docentes, y lo tiraron en la colonia La Ilusión, en Tuxtla Gutiérrez.
Tiene fractura en el cráneo, rotos varios huesos de la cintura y costillas
quebradas.
A Miguel le
fue mejor que a María del Tránsito, maestra de base de la Universidad Pedagógica
Nacional en Bochil. Ella tiene un coágulo en el cerebro y necesita una cirugía.
Una bala de goma disparada por la policía le golpeó la cabeza. María es una de
los cuatro docentes chiapanecos reprimidos que fueron hospitalizados en
clínicas públicas el pasado 29 de junio. Muchos otros tuvieron que curarse en
sanatorios particulares.
Miguel y
María son profesores democráticos. Pertenecen, como la mayoría de los maestros
de Chiapas, al Bloque Democrático. Ese día participaban en el 26 congreso de la
sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para
elegir a sus representantes gremiales.
Chiapas es
la cuna de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Allí se fundó en diciembre de 1979. La insurgencia sindical que le dio origen
comenzó en ese estado. La 7 fue la primera sección democrática de la era
moderna del SNTE. Desde entonces ha sido uno de los baluartes del movimiento
democrático.
En 2008 Elba
Esther Gordillo dio un charrazo. Sin el menor pudor, con el apoyo del
gobernador Juan Sabines, impuso como dirigente a Rosendo Galíndez, un antiguo
maestro democrático seducido por el poder y el dinero. Galíndez fue designado
secretario general por la maestra mientras los delegados democráticos
negociaban con los dirigentes nacionales del SNTE. El congreso para nombrarlo
no se instaló y no tuvo quórum; nadie votó por él. Sin embargo, fue ungido
líder del magisterio chiapaneco.
Su gestión
fue lastimosa. El año pasado, un paro magisterial de tres días en contra de la
evaluación universal lo destituyó. El SNTE nombró en su lugar un delegado
especial, y se comprometió a realizar el congreso seccional. No cumplió.
Por eso, el
pasado 15 de mayo los maestros suspendieron nuevamente labores durante cuatro
días, ahora además contra la reforma educativa. Exigieron el cumplimiento del
acuerdo. El gobernador Manuel Velasco aceptó que durante su administración
ningún profesor será despedido de su empleo como resultado de la reforma, y la
realización del congreso sindical.
El 21 de
mayo, el bloque negoció con Juan Díaz de la Torre la fecha para realizar el
congreso sindical de la sección 7, la instalación de una mesa política para
resolver controversias y mantener la estabilidad política del estado.
Durante
junio se efectuaron las asambleas para nombrar los delegados al congreso.
Muchas estuvieron llenas de irregularidades, propiciadas por los representantes
del sindicato nacional, con el objetivo de inflar el número de representantes
afines a su posición y bloquear a los integrantes del bloque. Por ejemplo, en
las asambleas de jubilados permitieron la participación de personas que no son
maestros. En ellas nombraron 110 delegados efectivos al congreso, de un total
de 824. De paso, asignaron al espurio comité seccional saliente 50 delegados
más.
Simultáneamente,
no enviaron a los representantes del SNTE a presidir las asambleas
delegacionales donde el bloque es mayoría. De esta manera, las asambleas no
pudieron instalarse legalmente y los democráticos no pudieron sumar más delegados.
Para
desahogar los trabajos del congreso, las partes convinieron una ruta. Primero
elegir a los 14 secretarios de organización, luego a los representantes de los
niveles educativos, después a los encargados de las otras carteras, y,
finalmente, votar por el secretario general.
Al instalar
el congreso fue evidente que los institucionales habían hecho trampa. Ellos
tenían el control de la asistencia. En el recinto había 810 sillas, para 860
delegados. Sin embargo, estaban presentes más de mil 100 personas. Al nombrar
al secretario de organización de la región centro, hubo 177 votos, 11 más de
los acreditados.
No obstante
todas estas irregularidades, los democráticos superaron a los institucionales
por casi 100 delegados. De hecho, ganaron 8 de las 14 secretarías de
organización. Al darse de cuenta de su inminente derrota, los representantes
del SNTE maniobraron para que las votaciones no siguieran. Juan Díaz quiso
repetir lo que su jefa hizo hace cinco años allí mismo: abrir un receso,
llevarse a sus delegados a otro lado, y nombrar un comité seccional espurio en
una sede alterna.
Sólo que en
esta ocasión los democráticos no permitieron la maniobra. Exigieron que el
congreso culminara y se escogiera a sus dirigentes. Los representantes del SNTE
dijeron entonces que sus compañeros estaban secuestrados. Soraya Bañuelos, la
apoderada del sindicato, aseguró que había pedido a las autoridades intervenir.
A las 8.15
de la noche del 29 de junio, mil 500 efectivos policiales incursionaron
violentamente en el Poliforum Mesoamericano de Convenciones de Tuxtla
Gutiérrez. Dispararon gases lacrimógenos, balas de goma y golpearon a mansalva
con toletes y escudos. Participaron agentes vestidos de civil. Varios
profesores fueron torturados. Fueron detenidos 29 docentes. Con saña, la
policía rompió los vidrios de los coches estacionados alrededor del auditorio
–en su mayoría propiedad de los maestros– y robó las pertenencias que había
dentro.
En todo el
país, la CNTE ha crecido en los últimos meses. El liderazgo de Juan Díaz está
en apuros. La violenta intervención gubernamental en Chiapas contra el
magisterio democrático busca apuntalar al charrismo y frenar a la Coordinadora.
No lo logrará; por el contrario, va a expandirla y radicalizarla.
Los
profesores están llenos de rabia e indignación ante el intento de jaripeo de
Juan Díaz, el incumplimiento de la palabra del gobernador y la violencia
policial en su contra. La reorganización de su movimiento está en marcha. El
próximo 8 de julio pararan labores y realizarán una marcha. Amenazan con
suspender labores indefinidamente. Chiapas está que arde. (La Jornada)
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