Desecha tribunal una queja
de la PGR contra trámite de amparo de Gordillo
La
procuraduría utilizó pruebas ilícitas para inculpar a la maestra, afirma la
defensa
Alfredo
Méndez
Un tribunal
federal desechó la queja presentada por la Procuraduría General de la República
(PGR) para que no se admitiera la solicitud de amparo que tramitó la maestra
Elba Esther Gordillo Morales contra el auto de formal prisión que enfrenta por
lavado de dinero y delincuencia organizada, informaron fuentes del Poder
Judicial Federal (PJF).
Con el voto
unánime de tres magistrados, el quinto tribunal colegiado en materia penal
desechó la queja presentada por la PGR contra la determinación de un juez de admitir
la solicitud de amparo de la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE).
El recurso
de la PGR que se desechó es importante porque aclara que las modificaciones en
el juicio de garantías en la nueva Ley de Amparo (que fija un plazo máximo de
15 días hábiles para recurrir a la demanda de garantías contra autos de formal
prisión) sólo aplicará a partir de la entrada en vigor de la norma, el pasado 3
de abril.
Los amparos
antes de esa fecha se desahogarán de acuerdo con la ley anterior, que no fijaba
plazo para impugnar un auto de formal prisión.
PGR usó su
fuerza institucional
Marco
Antonio del Toro, defensor de la ex lideresa magisterial, confirmó que el
quinto tribunal colegiado resolvió ayer en favor de Gordillo Morales.
El penalista
dijo que se trata de la resolución más importante que ha recibido la maestra
desde que fue encarcelada, en febrero pasado, ya que ahora un juez de amparo
estará en posibilidades de revisar los argumentos con los que Gordillo pretende
demostrar la improcedencia de los delitos que le imputan.
Según Del
Toro, el fallo del tribunal colegiado demuestra que la PGR empleó toda su
fuerza institucional contra la ex lideresa magisterial con el propósito de
impedir su derecho al amparo.
Aclaró que uno
de los argumentos que estudiará el juez de amparo es que la averiguación previa
que se inició contra Gordillo está viciada de origen.
Existen
múltiples criterios de tratados internacionales, de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y de tribunales colegiados de circuito acerca de que
procede el amparo contra violaciones constitucionales y de derechos humanos,
refirió.
Explicó que
dos de las violaciones al debido proceso son la supuesta falta de querella y la
no aplicación de facultades de comprobación de la autoridad hacendaria,
requisitos indispensables para la tipificación penal del delito de operaciones
con recursos de procedencia ilícita.
Del Toro
indicó que Juan Ayax Fuentes Mendoza, el agente de la Subprocuraduría
Especializada en Investigación sobre Delincuencia Organizada que integró la
averiguación previa que llevó a la cárcel a Gordillo, aparentemente no verificó
la identidad y representación jurídica del funcionario de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) que formuló la querella contra la ex lideresa
magisterial, lo que podría invalidar la acusación.
Quien
compareció a denunciar el asunto se acreditó como funcionario de la SHCP con un
documento fechado y sellado el 14 de febrero, pero fue exhibido en una
diligencia formal ante el Ministerio Público y dos testigos de asistencia el 13
del mismo mes; es decir, se exhibió el día 13 un documento sellado y fechado el
día 14, mencionó Del Toro.
Aseguró que
tras revisar documentos entregados por diversas autoridades, detectó que la PGR
utilizó pruebas ilícitas para acusar de delincuencia organizada y lavado de
dinero a Gordillo.
Encontramos
una serie de pruebas ilícitas y estamos desplegando una serie de acciones sobre
la actuación de este funcionario (el fiscal de la SEIDO) y de otros más,
refirió.
No hay comentarios:
Publicar un comentario