Derogar el decreto de 1946, uno de los pendientes en educación

HÉCTOR ROJAS

El decreto presidencial de 1946 entregó a la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), junto con el control de la carrera de los maestros, la rectoría de la educación en México, por lo que cerca de 200 organizaciones civiles se han propuesto derogar este decreto.

Que el Estado recupere el control de la educación, es una de las propuestas principales de la Coalición Ciudadana por la Educación, quienes plantean que “si bien existen múltiples causas del desastre en el que se encuentra la enseñanza en nuestro país, la principal es que el Sistema Educativo Nacional (SEN) fue privatizado de manera patrimonial por la cúpula del SNTE”.

Por tal motivo, esta organización civil, presentó a finales del año pasado a una iniciativa de Ley al Senado para crear el Servicio Profesional del Magisterio, de este modo, hacer de la práctica docente una función con visión de Estado, de este modo desligar el ejercicio de esta profesión de la intervención del SNTE.

Lo anterior, toma su relevancia pues según “la investigadora Silvia Ortega, 92 por ciento de los docentes aseguran haber obtenido su plaza gracias al SNTE, a una relación de influencia con la autoridad, o al pago por la plaza. Sólo 8 porciento de los docentes declaró haber ingresado al sistema a través de un concurso de oposición”, sostuvo la  Coalición al presentar la iniciativa en el Senado.

En este sentido, antes de las elecciones del pasado primero de julio, 200 organizaciones de la sociedad civil, se reunieron con los entonces candidatos a la Presidencia de la República, para conocer sus planteamientos en materia de educación, a través de un cuestionamiento puntual, denominado “10 preguntas por la educación”.

Al evento convocado el pasado mes de junio, asistió el hoy presidente electo Enrique Peña Nieto; en su momento el priísta dijo que revisaría este decreto; “básicamente nos dijo que no sabe… y sus asesores no pudieron acercarle una tarjeta para que pudiera opinar in situ”, lamentó la conductora del evento, Blanca Heredia.

A través de este decreto la Secretaría de Educación Pública (SEP) retiene una parte del salario a los maestros del país por el “concepto 58″ que es el de “Cuota sindical”, montó que según la disidencia magisterial asciende a cerca de 130 millones de pesos mensuales.

El control de las plazas de los maestros, pasa por el Programa Nacional de Carrera Magisterial, tal como funciona actualmente este programa, los investigadores educativos Carlos Ornelas y Manuel Gil Antón, han sugerido a los legisladores desaparecer este programa por considerar que ha perjudicado a la educación pública en lugar de beneficiarla.

Sobre el tema, la coalición ciudadana por la educación, propuso al senado “regular el Servicio Profesional del Magisterio como un sistema nacional de carrera magisterial que integre los procesos de ingreso, promoción, permanencia, formación continua, actualización y superación profesional para los maestros de educación básica”.

Lo anterior, al reformar la fracción VI del artículo 12 de la Ley General de Educación (LEG), , que hasta ahora a la letra dice: Regular un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros de educación básica.

Entre otras cosas, esta Coalición Ciudadana, ha propuesto reformar el artículo 21 de la LGE para que “las plazas de directores, supervisores y jefes de departamento académico en todo el sistema educativo nacional sean ocupadas por concurso de oposición por integrantes del Servicio Profesional del Magisterio”.

Esto último, también resulta relevante pues ayer mismo el secretario general del SNTE, aseguró que actualmente en el sistema educativo hay casi 30 mil docentes comisionados en funciones de director de escuela y 4 mil directores como supervisores escolares, por lo cual el gremio magisterial, según Juan Díaz de la Torre, es víctima y no causa del rezago educativo. Publicado en Educación a debate.