El
Plan Nacional de Desarrollo
Raúl Contreras
Bustamante
El pasado lunes,
el presidente Enrique Peña Nieto presentó el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018. Su elaboración constituye una obligación constitucional, que
conviene recordar.
A iniciativa del
entonces presidente de la República, Miguel de la Madrid, el 3 de febrero de
1983 se promulgaron una serie de reformas a nuestra Carta Magna, entre ellas,
al artículo 26. Se determinó —a partir de entonces— la obligación del Estado de
organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional.
El mismo artículo
dispone que la “ley facultará al Ejecutivo para que establezca los
procedimientos de participación y consulta popular”. La Ley de Planeación es el
texto legal a que se hace referencia en la Constitución.
Según las
disposiciones de esa ley, el Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse,
aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la
fecha en que toma posesión el Presidente de la República; y su vigencia no
excederá del periodo constitucional que le corresponda, aunque podrá contener
consideraciones y proyecciones a largo plazo.
El presidente
Peña prometió, durante la presentación del Plan, que no es una estrategia para
administrar la coyuntura o las circunstancias, sino para hacer cambios de fondo
en materia de seguridad, productividad, educación y alimentación.
Se informó que
más de 228 mil ciudadanos enviaron sus propuestas para la elaboración del Plan
y que éste se divide en cinco metas nacionales, las cuales se lograrán mediante
una treintena de acciones. Para medir si hay avances o no, el Plan tendrá
indicadores específicos para cada objetivo.
Las cinco grandes
metas son: la primera, que México sea un país en paz. La prioridad es reducir
la violencia en el país y abatir los delitos que más afectan a las familias
“mediante la prevención del crimen y la transformación institucional de las
fuerzas de seguridad y de procuración de justicia”.
La segunda meta
es lograr un México incluyente, donde todos los ciudadanos tengan acceso a los
servicios sociales. Están incluidos los objetivos de erradicar el hambre,
cerrar las brechas de desigualdad, otorgar mejores servicios de salud.
La tercera meta
se refiere a mejorar la calidad de la educación y procurar una mayor inversión
en ciencia y tecnología.
En cuanto a la
cuarta meta, para lograr una nación más próspera, la prioridad será elevar el
crecimiento del país y que eso se refleje en mejores condiciones de vida para
la población. El Presidente destacó que para crecer es “requisito indispensable
mantener la estabilidad macro y asegurar un dinamismo económico sostenido y
sustentable”.
Por último, el
quinto objetivo, que es lograr que México sea una nación con responsabilidad
global y, se dijo, que el gobierno defenderá la estricta aplicación del derecho
internacional.
El Presidente
—por obligación legal— deberá remitir el Plan al Congreso de la Unión, para su
examen y opinión; y éste deberá formular las observaciones que estime
pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio Plan.
Las cinco metas
se antojan posibles. Esperemos que los tres poderes federales hagan sus
respectivas tareas para cumplirlas. Ojalá que el Plan no quede reducido al mero
ámbito discursivo, porque México requiere acciones efectivas y contundentes
para regresar a la senda del desarrollo.
*Profesor de la Facultad de
Derecho de la UNAM
contrerasdf@gmail.com
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