La gran
disputa en Estados Unidos
La guerra contra la educación
pública
Reformistas
buscan sujetar el sistema a patrón empresarial
Se
evaluará a docentes con pruebas estandarizadas
David
Brooks
Nueva
York, 2 de enero. En este país de guerras hay una que sí –más allá de la
retórica oficial– determinará el futuro de esta democracia: la gran disputa
nacional en torno a la educación pública.
La
ofensiva de los autoproclamados reformadores de la educación está compuesta por
algunas de las fuerzas más poderosas del país, entre ellos los hombres más
ricos de Estados Unidos, el gobierno federal, el sector financiero, los grandes
medios y cabilderos, quienes afirman que el problema central de un sistema de
enseñanza público en descomposición son los maestros de baja calidad y sus
sindicatos que defienden el statu quo.
La
solución que proponen, financiada por miles de millones en fondos privados, es
sujetar el sistema de educación a un modelo empresarial guiado por ejecutivos,
donde se evalúa a los docentes exclusivamente en torno a exámenes
estandarizados y se mide todo por esquemas de datos bajo normas que se aplican
al sector privado. A la vez, se busca aplicar el libre mercado al sector
educativo, con esfuerzos para privatizar algunos segmentos y contratar cada vez
más servicios del sector privado en la enseñanza pública.
En esta
guerra, el enemigo son los maestros y sus sindicatos, a quienes culpan de
resistir el cambio, proteger sus intereses mezquinos, que ponen encima de los
de sus estudiantes, y de culpar a factores socioeconómicos por sus
deficiencias.
Tal vez
la expresión mejor conocida de este argumento fue la película documental
Esperando a Superman, de 2010, que presentó un sistema educativo compuesto de
maestros mediocres y complacientes, casi como burócratas, padres de familia
frustrados y sindicatos del magisterio con el solo interés de proteger a sus
agremiados. Según la película, la única y mejor solución son las llamadas
escuelas chárter, que reciben fodos públicos, pero son administradas de manera
privada, exentas de varias regulaciones, entre ellas, la obligación de
contratar sólo profesores sindicalizados, y algunas pueden ser operadas con
fines de lucro (hay más de 4 mil chárters en 40 estados del país, y ahora suman
5 por ciento de las escuelas públicas). Los críticos acusan que son la punta de
lanza de la privatización.
Ineficiencia
y mediocridad
El
argumento sobre la mediocridad e ineficiencia de la educación pública ha sido
nutrido por informes de instituciones y personalidades muy destacadas, desde el
secretario del rubro, Arne Duncan, a algunos de los medios más influyentes del
país. Bill Gates se ha obsesionado con el hecho de que el sistema de enseñanza
pública ya no produce la calidad de trabajadores de alta capacitación técnica
que requiere el país para competir a nivel mundial, algo que Barack Obama ha
reiterado al insistir en que los estudiantes estadunidenses no pueden competir
con los coreanos. Un grupo de trabajo del prestigioso Consejo de Relaciones
Exteriores, encabezado por la ex secretaria de Estado Condoleezza Rice y el ex
jefe de educación pública de la ciudad de Nueva York Joel Klein, dio la alarma
de que el pobre desempeño educacional estadunidense en el contexto global
representaba una grave amenaza a la seguridad nacional.
Noventa
por ciento de los alumnos estadunidenses están en planteles públicos, alrededor
de 50 millones actualmente. El gasto federal, estatal y municipal en enseñanza
supera 600 mil millones dólares al año. Como afirma David Denby en The New
Yorker, el debate sobre el futuro de la educación es en parte sobre empleo,
poder y dinero, y ahora es parte de la lucha ideológica entre el gobierno, como
garante del bien comunitario, y la competencia del mercado como un creador
potencial de excelencia.
Por lo
menos desde hace una década –algunos dicen que esta guerra empezó hace 20 años–
este movimiento reformista ha sido financiado en gran parte por empresarios y
sus fundaciones, la más sobresaliente la de Bill Gates (Microsoft), la familia
Walton (de Walmart), Mark Zuckerberg (Facebook) y Eli Broad (su fortuna es de
la aseguradora Sun Life) y Michael Bloomberg (de Bloomberg y actual alcalde de
Nueva York). Estos han invertido miles de millones en programas de
privatización de escuelas públicas (las llamadas escuelas chárter), en
financiar think tanks, agrupaciones de cabildeo, centros de expertos, medios y
periodistas, y en el apoyo y cabildeo de autoridades locales, estatales y
federales, logrando imponer su agenda a escala nacional.
Ellos
ya definen y determinan en gran medida el debate sobre las políticas en el
sector en este país, y tienen entre sus filas a los jefes de educación de casi
todas las principales ciudades del país, hasta el propio secretario del rubro,
Arne Duncan, y su jefe, Barack Obama (como también a su antecesor, George W.
Bush).
Privatización
o escuelas chárter
Junto
con ellos se ha integrado a este movimiento reformista un sector de nula
experiencia y, anteriormente, ningún interés en la enseñanza pública: el
financiero, que ahora también financia escuelas chárter, promueve reformas para
establecer el modelo empresarial y condiciona sus contribuciones sustantivas a
políticos en torno al apoyo a iniciativas favorecidas por los reformadores.
Desde
2002, la pieza central del movimiento reformista ha imperado sobre el panorama
de la enseñanza pública, cuando el entonces presidente George W. Bush promulgó
la ley No child left behind o NCLB (ningún niño dejado atrás), donde se
establece el uso de los resultados de exámenes estandarizados estatales a
estudiantes para medir el desempeño de maestros y escuelas, que en algunos
casos puede llevar al despido de docentes y hasta la clausura de planteles. Por
tanto, con cada año se obliga a que los maestros y administradores dediquen
cada vez más tiempo, esfuerzo y atención a estos exámenes, ya que determinan,
cada vez más, su futuro.
Al
llegar Obama a la Casa Blanca, su secretario de educación formuló un programa,
Race to the top o RTTT (Carrera a la cima), que promueve una competencia entre
estados para ampliar el uso de estos exámenes, la elaboración de más medidas y
programas para la evaluación estadística de estudiantes y maestros con base en
los exámenes, y la creación de más escuelas chárter a cambio de fondos
federales.
NCLB y
RTTT son las coronas del movimiento reformista empresarial, y sus consecuencias
se sienten a lo largo y ancho del país. Su argumento fundamental es que, con base
en estas reformas, los maestros por fin serán evaluados objetividad, y con ello
hay un proceso de rendición de cuentas en el sistema.
La
experta Diane Ravitch afirma que la profesión está bajo el ataque de quienes
culpan a maestros por condiciones fuera de su controlFoto Saz
Mero
negocio: antirreformistas
El
problema, según los críticos de estas reformas, es que ni el diagnóstico de los
reformadores, ni sus recetas están basadas en los hechos, lo cual ha llevado a
críticos a considerar que las reformas tienen más que ver con negocios y una
visión neoliberal que con la función y propósito de la educación pública. Citan
numerosos estudios, investigaciones y datos que demuestran que las reformas no
han generado los resultados prometidos, que el diagnóstico está viciado por
graves errores en evaluación. Subrayan que el eje del modelo de reforma, los
exámenes estandarizados, no puede ser usado para medir el desempeño de maestros
y escuelas, según expertos nacionales y hasta directores de algunas de las
empresas que se dedican a eso, incluyendo la Rand Corporation y la agencia de
investigaciones sobre métodos de evaluación escolar de la Academia Nacional de
Ciencias.
Por
otro lado, en años recientes se ha revelado que en Nueva York, Houston,
Chicago, Washington y otros lugares los políticos han inflado y manipulado los
resultados de los exámenes que tanto señalan como pruebas del éxito de sus reformas.
La
educación pública está bajo ataque de las fuerzas de la privatización, por
gente que hace promesas falsas, declaró Diane Ravitch, profesora en la
Universidad de Nueva York, quien hace una década fue una de las reformadoras
más prominentes del país, ex secretaria asistente de educación en la
presidencia de Bush padre, autora de 10 libros sobre políticas e historia de
educación, entre otros logros destacados, quien ahora es tal vez la voz
nacional más eminente en contra de los reformistas.
En un discurso
el año pasado, agregó que la profesión magisterial está bajo ataque de aquellos
que culpan a los maestros por condiciones más allá de su control. Desean
quitarles su profesionalismo y convertirlos en técnicos de exámenes. También
advirtió que “si logran quitar a los maestros el derecho de negociar el
contrato colectivo, silencian sus voces.
Con
ello eliminan la única fuerza que puede detenerlos. Eso deja el camino abierto
para recortar fondos; para entregar más escuelas públicas a las cadenas de escuelas
chárter… y para implementar políticas que dañan a los niños y reducen la
calidad educativa. No permitan que lo hagan”.
Ravitch,
en un artículo en The Daily Beast, pronosticó que “en los próximos años, los
alumnos estadunidenses serán sometidos a más y más exámenes, la industria de
los exámenes engordará, y la calidad de educación sufriría.
Para
rescatarse, los maestros enseñarán sólo en torno a los exámenes malos, los
distritos escolares abandonarán las artes y reducirán el tiempo en materias
como historia, geografía, civismo, ciencias e idiomas para tener más tiempo
para los exámenes. Habrá más escándalos de trampas con las calificaciones de
las evaluaciones, que determinarán las vidas y carreras de maestros y
directores, y la sobrevivencia de sus escuelas”.
Más
recientemente, señaló que las empresas con fines de lucro tienen el objetivo de
lograr ganancias, no buena educación. La manera en que generan ganancias es
cortar costos, y lo hacen sustituyendo maestros con experiencia con maestros
sin experiencia, y con tecnología. No preguntan si es bueno para los niños o si
mejora la educación, sino si incrementa las ganancias sobre la inversión.
La
fuerza del mercado
De
hecho, para algunos, las reformas han sido parte de un esfuerzo impulsado por
fuerzas conservadoras y empresariales, que argumentan que la única manera de
mejorar todo es aplicar las fuerzas del mercado al sector público. En 2008, la
revista Time citó que Susan Neuman, profesora de educación quien había sido
subsecretaria del sector del presidente George W. Bush y promotora de la ley
NCLB, señaló que algunos de sus colegas en el gobierno veían esa ley como un
caballo de Troya para promover su agenda de privatización, demostrar el fracaso
de la educación pública y así hacerla estallar un poco.
Richard
Rothstein, experto en políticas educativas del Instituto de Política Económica
y autor de varias obras sobre el tema, ha sido un crítico feroz de las reformas
implementadas, y recientemente comentó al New Yorker que el movimiento de
reforma está destruyendo el sistema de la enseñanza pública.
Los
reformistas acusan a sus críticos de usar la pobreza y otras condiciones
socioeconómicas como justificación para detener las reformas, las cuales,
dicen, son la mejor manera de ofrecer oportunidades a los sectores más
vulnerables. Pero según investigaciones de varias universidades y expertos como
Jonathan Kozol, son los reformistas los que niegan el impacto de la pobreza
sobre los estudiantes. De hecho, la brecha en desempeño académico entre pobres y
ricos se ha ampliado hasta un 50 por ciento desde 1980.
Rebelión
Hay
cada vez más avisos de rebelión contra la visión tecnócrata y empresarial de la
educación. En Texas, casi 80 por ciento de las juntas escolares del estado han
aprobado una resolución rechazan los exámenes estandarizados como base de
evaluación de maestros y escuelas. En la ciudad de Nueva York, encuestas
registran que las mayorías reprueban las reformas educativas del alcalde
Bloomberg.
El 10
de septiembre del año pasado, por primera vez en 25 años, el sindicato de
maestros de Chicago estalló una huelga y no fue por la disputa sobre salarios,
sino contra la demanda del alcalde Rahm Emanuel, ex jefe de equipo del
presidente Barack Obama, de abrir más escuelas chárter, mayor evaluación y
bonos de maestros con base en los resultados de estudiantes en exámenes
estandarizados. Ocho días después, la huelga concluyó tras concesiones por
ambos lados, pero para muchos maestros esta acción logró detener, por ahora, la
imposición de la agenda empresarial, una batalla en una guerra que continúa.
Rothstein
escribió que la huelga “fue la primera rebelión abierta de maestros a escala
nacional por esfuerzos para evaluar, castigar y recompensarlos basados en las
calificaciones de sus estudiantes en los exámenes estandarizados… El
descontento de los maestros ha estado burbujeando ahora durante una década,
pero se necesitó un sindicato bien organizado para dar expresión práctica a ese
descontento”.
Chicago,
dicen unos, sólo es una primera llamada. Publicado en La Jornada
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