En un nuevo fast track, el
Senado aprueba la ley del servicio docente
Andrea
Becerril y Víctor Ballinas
El Senado
aprobó anoche en lo general la Ley del Servicio Profesional Docente, luego de
un largo debate en el que legisladores de PRD, PT y Movimiento Ciudadano
advirtieron a priístas y panistas que pese a que impusieron su mayoría para
sacar esa legislación que vulnera los derechos laborales de los maestros, el
conflicto magisterial no concluye, sino que va a escalar.
Fue un
proceso fast track similar al que se dio en la Cámara de Diputados, en el que
en un solo día y bajo un fuerte dispositivo policiaco se desahogó todo el
procedimiento. El pleno senatorial aprobó la reforma con 102 votos a favor y 22
en contra. También, como en San Lázaro, el PRD se dividió, ya que cinco de sus
22 senadores votaron en favor.
A uno de
ellos, Isidro Pedraza, quien fue a tribuna para sostener que como profesor
rural la considera una buena legislación, la también perredista Dolores Padierna
le recordó desde tribuna que ‘‘la patria no se vende, se defiende’’.
Presionados
por la cúpula
El senador
Alejandro Encinas deploró que algunos legisladores dejen a un lado sus
convicciones, ‘‘presionados por las cúpulas partidistas’’, y voten una ley que
responsabiliza a los maestros de la crisis educativa provocada por los
gobiernos del PRI y el PAN, y los castiga al crear para ellos un régimen
laboral de excepción que les arrebata la estabilidad en el empleo y hasta la
posibilidad de contar con la defensa de un sindicato.
‘‘Cuando se
anula el Congreso, lo único que queda es la calle’’, advirtió a su vez el
también perredista Mario Delgado, quien deploró que se trate de poner de
rodillas a los maestros. Mientras, Layda Sansores, del Movimiento Ciudadano,
dijo que al imponer desde el Pacto por México esa ley, no han tomado en cuenta
que ‘‘la pradera está seca y a la violencia ciudadana se puede sumar la
violencia social’’.
El
coordinador del PT, Manuel Bartlett, recalcó que ni el dictador chileno Augusto
Pinochet ‘‘legislaba tan rápido’’. El ex secretario de Educación Pública
advirtió lo grave de legislar por encima de los maestros, siguiendo las
instrucciones de la OCDE para profundizar las medidas neoliberales.
La fracción
del PRI se limitó a sostener que es una reforma en favor de la modernización de
la educación, que en nada perjudica al magisterio y en la que ‘‘no le tembló la
mano’’ al presidente Enrique Peña Nieto, según comentó la senadora Mely Romero.
En cambio el
PAN, a través de Luisa María Calderón, se lanzó contra los dirigentes de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a los que
calificó de ‘‘chantajistas’’ y los acusó de ‘‘reprimir’’ a sus representados
para obligarlos a viajar a la ciudad de México y participar en marchas tan sólo
para lograr más plazas.
La hermana
del ex presidente Felipe Calderón responsabilizó también al magisterio
disidente de secuestrar al Congreso y sostuvo que es en los estados de Oaxaca,
Michoacán y Chiapas donde se da el mayor rezago educativo. Hilvanó un discurso
con base en una maestra de un municipio michoacano, Parácuaro, de nombre Selene
Franco, quien –dijo– imparte clases pese a la presencia del narcotráfico.
Preguntó por qué no todos los maestros son como Selene.
El senador
del PT Marco Antonio Blázquez le preguntó qué responsabilidad tienen los ex
presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón en la crisis de la educación, en los
libros de texto con 117 errrores ortográficos. La senadora Calderón no defendió
a su hermano y siguió su discurso contra la CNTE.
En su turno,
Encinas pidió no olvidar la historia ‘‘y no querer convertir la tragedia que
vive el sistema educativo en una telenovela cursi’’, en la que ‘‘Hermosa
República Mexicana, desde Parácuaro te saluda’’. Dijo asimismo que no se puede
culpar a los maestros, ya que no son ellos los que crearon el corrupto sistema
corporativo de Elba Esther Gordillo. Ya se olvidaron del registro de Nueva
Alianza o de los favores de Calderón a la dirigente hoy caída en desgracia a
cambio del apoyo en el ‘‘fraude electoral de 2006’’, dijo.
En todo
momento parecía que se hablaba de dos leyes distintas. De entrada, el panista
Juan Carlos Romero Hicks, al hablar en nombre de la Comisión de Educación,
expuso que se escuchó a todos los interesados y recalcó que la reforma acaba
con los comisionados del magisterio pagados con recursos públicos. Hay en la
actualidad, dijo, entre 80 mil y 100 mil maestros con comisión, mismos que no
dan clases, pero reciben su sueldo.
Ocho
senadores perredistas –del total de 17 oradores que participaron en el debate
en lo general– argumentaron en contra. Dolores Padierna detalló que en contra
de lo establecido en el artículo 14 constitucional, al impedir la
retroactividad la Ley del Servicio Profesional Docente borra, con un albazo
legislativo, los derechos conquistados por el magisterio.
Encinas, en
tanto, expuso que el propio secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet,
reconoció que no se trata de una ley educativa, sino de un nuevo estatuto
laboral que rompe con el principio básico de bilateralidad. ‘‘Es como si los
trabajadores petroleros se rigieran por la ley de Pemex o la de salud normara
las relaciones gremiales del personal de esa dependencia’’.
Luego de
casi cinco horas de debate se aprobó en lo general la Ley del Servicio
Profesional Docente. Cinco senadores del PRD (Pedraza, Zoé Robledo, Angélica de
la Peña, Luz María Beristáin y Alejandra Barrales) votaron a favor. Por la
mañana, el dirigente nacional del sol azteca, Jesús Zambrano, trató de reunirse
con la bancada, pero a última hora desistió.
Al cierre de
esta edición continuaba la discusión en lo particular, en la que hay más de 30
artículos reservados, la mayor parte por el PRD. (La Jornada)
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