La lucha magisterial y el
fin del mexican moment
Luis
Hernández Navarro
Aunos días
de que rinda su primer informe presidencial, Enrique Peña Nieto vive la más
grave crisis política de su sexenio. Las protestas de decenas de miles de
indignados maestros democráticos en la ciudad de México y en 20 estados han
chocado con la incapacidad del conjunto de la clase política para ofrecer una
salida constructiva.
Gobierno
federal, legisladores y partidos políticos no hallan cómo salir del brete en
que se metieron al aprobar la contrarreforma educativa y las leyes secundarias
en la materia. Colocados a la defensiva, sin rumbo, se dedican a tratar de
solucionar, día a día, sin una visión de largo plazo, los desafíos de las
acciones magisteriales.
Por lo
pronto, el movimiento produjo ya sus primeras bajas. El anuncio de que, con el
regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI), México emergía en la
arena internacional como un jugador de grandes ligas, bautizado por sus
publicistas como MeMo, el mexican moment, se hundió con los bloqueos
magisteriales al Palacio Legislativo, el Senado y el aeropuerto capitalino. El
optimismo auspiciado por el columnista del New York Times Thomas Friedman se
esfumó entre movilizaciones sociales y la caída de la economía.
La crisis
magisterial ha evidenciado la inexperiencia de los políticos que hoy conducen
el país. Rehenes por decisión propia de los intereses empresariales y los
grandes medios de comunicación electrónicos, aprobaron una contrarreforma
educativa que es copia y calca de las recomendaciones de la Organización para
la Cooperación y Desarrollo Económicos. Lo hicieron sin consultar a los
directamente afectados, los maestros, en tiempo récord: 11 días.
A partir de
entonces han venido estallado, uno tras otro, focos de inconformidad
magisterial en 21 entidades. En lugar de procurar una solución de fondo desde
el principio, el gobierno respondió administrándolos, amenazando a sus
dirigentes, diciendo mentiras, auspiciando campañas de desprestigio en su
contra y ganando tiempo. Apostó a que el paso del tiempo se diluiría el
potencial contestatario de la movilización.
Los
legisladores de casi todos los partidos se comportaron con una enorme
arrogancia. Decidieron sobre las vidas de cientos de miles de maestros sin ni
siquiera escucharlos. No atendieron las documentadas críticas que ellos y muchos
especialistas hicieron a la nueva norma. Rehuyeron el debate. Desairaron
mayoritariamente los 10 foros acordados entre la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Secretaría de Gobernación.
Despreciaron y se burlaron de los maestros.
Los partidos
que integran el Pacto por México acordaron la contrarreforma en lo oscurito. Le
impusieron al Legislativo sus acuerdos. Se reunieron en una sola ocasión con la
CNTE, en un encuentro auspiciado por la Secretaría de Gobernación. Finalmente,
optaron por hacer oídos sordos y avanzar en la aprobación de las leyes
secundarias, diciendo falsamente que habían incorporado las observaciones de
los maestros democráticos.
Lo hicieron,
además, forzando el alcance de las modificaciones al artículo tercero
constitucional. En ellas se estableció que la Ley del Instituto Nacional para
la Evaluación de la Educación y la Ley General de Educación tenían como fecha
límite el 26 de agosto para su aprobación. Sin embargo, no existe una sola
referencia a que se tenga que elaborar una ley sobre el servicio profesional
docente, y, mucho menos, una fecha límite para hacerlo.
De manera
absolutamente esquizofrénica, el gobierno federal defendió la contrarreforma
difundiendo dos mensajes opuestos. Por un lado, divulga la versión de que con
la nueva norma no habrá afectaciones a los derechos de los maestros, que éstos
no tienen nada que temer y que, quienes protestan lo hacen porque están mal
informados. Pero, simultáneamente, a través de Emilio Chuayffet y sus comunicadores,
dice que la reforma pone un freno a privilegios indebidos de los docentes y su
sindicato, y que su inconformidad se debe a la pérdida de esas canonjías.
Al mismo
tiempo, para enfrentar el descontento magisterial se ha orquestado una campaña
de satanización que ofende profundamente a los mentores. No es nuevo. Las
televisoras llevan años denigrando a los profesores. Sólo que ahora le han
subido el volumen a sus denuestos. Los acusan de secuestrar a la niñez y a la
educación, de ser vagos e irresponsables, de tener grandes privilegios, de
negarse a ser evaluados. Por supuesto, nada de esto es cierto. La CNTE no
defiende prebendas, sino derechos ganados desde hace décadas y la educación
pública.
Ese
humillante bombardeo mediático es eficaz para aislar a los profesores de las
clases medias pero tiene como resultado inevitable indignarlos y
radicalizarlos. Lejos de desmoralizarlos, ha hecho que saquen la casta y que
reafirmen su convicción de que la contrarreforma no tiene que ver con la
educación sino con acciones punitivas hacia ellos.
Aterrados
ante una protesta que, en lugar de retroceder se extiende cada día, los
empresarios, el Partido Acción Nacional (PAN) y el PRI, exigen mano dura contra
los maestros insumisos o amenazan con usarla. Exigen al gobierno de la ciudad
de México que use la fuerza pública para meterlos al orden. Deberían saber que
un movimiento social en ascenso que es reprimido, se expande y radicaliza. La
APPO en Oaxaca surgió de un paro y plantón de docentes que el gobernador Ulises
Ruiz quiso desalojar de la plaza pública a toletazos.
El conflicto
magisterial torpedeó ya el mexican moment y lastimó severamente el Pacto por
México. Si la clase política quiere evitar que el costo sea mayor, lo peor que
puede hacer para resolverlo es apelar a la mano dura o pretender que se
desgaste con falsas promesas. Con las reformas energética y hacendaria en el
horizonte inmediato más le valdría buscar una salida negociada. Nada la obliga
a aprobar una ley del servicio profesional docente, cuya redacción no está
contemplada en la reforma al tercero constitucional. A menos que busque hacer
del resto de esta administración un infierno.
Twitter:
@lhan55
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