¿Qué cobertura universal?
Asa Cristina
Laurell
En varios
artículos anteriores he señalado que existe en el mundo entero un debate sobre
la cobertura universal en salud y sobre el modelo institucional más exitoso
para lograr el acceso oportuno a los servicios de salud necesarios y de
calidad. Esta disputa no sólo se da entre académicos y políticos, sino que ha
sacado a millones de personas a la calle, particularmente en España, donde hay
una lucha intensa por preservar el sistema público contra de la pretensión del
gobierno de derecha de restringir el derecho a la salud y privatizar los
servicios. Este debate no es ajeno a México, ya que Peña Nieto afirmó (y firmó)
durante su campaña que hará una profunda reforma para garantizar la seguridad
social universal.
En este
contexto el Congreso de la Unión organizó la Semana Nacional de Seguridad
Social (SNSS) del 22 al 26 de abril. Ésta tenía la potencialidad de
constituirse en el gran foro del debate nacional, pero recibió muy poca
cobertura de los medios. En cambio la propuesta de que los empresarios paguen
la cuota sobre la misma base que el ISR causó gran interés. Finalmente se
calculó que este cambio dará al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) un
ingreso extra de 3 mil millones al año que no resuelve ningún problema, ya que el
déficit en el seguro de enfermedad y maternidad es del orden de 50 mil millones
de pesos según el propio IMSS. A todas luces es sólo una reforma emergente
hasta que se presente la definitiva.
La primera
sesión de la SNSS era la oportunidad para que las máximas autoridades del IMSS
y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) presentaran su concepción del proceso de alcanzar la seguridad
social universal. Sin embargo, sólo dieron datos generales de los institutos y
no expusieron ni siquiera a grandes rasgos en qué consistiría la reforma para
la universalización del seguro social. A la pregunta expresa sobre con qué
Paquete de Servicios se pretende universalizar el seguro de salud, el director
del IMSS respondió que es complejo y que habría que fortalecer la portabilidad
de los seguros, pero no señaló cuáles. El director del ISSSTE sólo expresó que
habría que lograr la portabilidad y fortalecer la infraestructura. O sea, el
contenido de la reforma definitiva siguió siendo un enigma.
No
estuvieron presentes la secretaria de Salud o el titular de la Comisión
Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular), lo que es llamativo en
vista de que deberían tener bajo su tutela una parte importante de la población
asegurada. Aunque la secretaria de Salud no haya planteado formalmente en qué
consistiría la próxima reforma se puede suponer que es la que Funsalud presentó
en 2012 en el documento Universalidad de los servicios de salud, que ella
coordinó siendo presidenta ejecutiva de este organismo privado, cuya primera
referencia bibliográfica es el libro de campaña de Peña Nieto.
Esta
propuesta consiste en un nuevo modelo organizativo del sistema de salud con
cuatro funciones: la rectoría a cargo de la Secretaría de Salud (Ssa); el
financiamiento a través de un fondo único de salud; la articulación,
consistente en la gestión del financiamiento y la prestación, a cargo de
instituciones públicas y privadas, y la prestación de servicios a cargo de
unidades médicas, públicas y privadas.
La Ssa
incrementaría mucho su rectoría con la recentralización del sistema de salud y
la subordinación de los institutos de seguro social. El fondo único de salud se
establecería con recursos públicos, recaudados a través de nuevos impuestos
etiquetados para salud, destacadamente un incremento del regresivo IVA, y la
disminución de la contribución patronal a los institutos de seguridad social.
La nueva función de articulación entre el fondo de salud y la prestación de
servicios puede ser realizada por aseguradores privados o públicos. A ellos les
tocaría organizar la prestación de los servicios, constituyendo redes de
prestadores público y privados y utilizando la asociación público-privada para
la construcción de infraestructura, abasto de insumos y medicamentos. O sea, es
un paso definitivo en la privatización del sistema de salud. Incluso el
documento dice: La universalidad habrá de contar con la valiosa participación
del sector privado. Queda además claro que el Paquete de Servicios Garantizado
sería restringido y se necesitaría contratar un seguro con la aseguradora
articuladora para cubrir el resto de los servicios.
Aunque la
SNSS no sacó en claro cuál es la propuesta de reforma, reveló que la pugna
entre los institutos de seguro social y la SSa está en marcha y todavía no se
resuelve.
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